Videos, fotos, conversaciones telefónicas, e-mails, entre otros, fueron las evidencias que presentó la Mesa Redonda Informativa sobre la escandalosa conexión de los mercenarios y terroristas con disidentes cubanos.
Cuba, por su parte lleva a cabo una investigación que no culmina aquí, debe continuar con una nueva fase, según expresara en la Mesa Redonda Reynaldo Taladrid, periodista de la Televisión cubana, quien informó que para realizar esta investigación nuestro país se afirmó en tres disposiciones legales, la Ley de Procedimiento Penal de Cuba, el Decreto Ley 199, referido a la Seguridad informática y la Convención de Naciones Unidas contra el terrorismo. La isla se ha visto obligada a adoptar legislaciones internas, en correspondencia con lo expuesto en el convenio, debido a las constantes amenazas a las que ha estado sometida históricamente.
Varios correos electrónicos reflejan el modus operandis del grupo anticastrista que se empeña en continuar propagando el terrorismo, en cuyos textos se planificaba cómo hacer llegar financiamiento para actividades subversivas. En estas fechorías estaba involucrada Martha Beatriz Roque, quien recibiría la suma de más de mil dólares, según Mayra Cardín, recolectado por un grupo de abogados. El encargado de hacer llegar el dinero era el sobrino político de Martha, Juan Carlos Fuentes.
Este último a su vez debía contactar con Michel Parmly, jefe de la Sección de Intereses Norteamericana (SINA), quien dio hasta su teléfono en los Estados Unidos para que lo localizaran. Allí le entregarían la “Carta”, clave que identificaba el recibo del dinero.
La Fundación Jurídica de Rescate es la patrocinadora de todo este arsenal de terrorismo, monitoreada por Santiago Álvarez. Otra de las organizaciones que sin dudas, fracasó, pues Cuba pudo desenmascarar las patrañas cometidas.
La investigación culminó su primera fase, otra continuará y será informada a la opinión pública a su debido momento.
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